"Pueden seguir, pueden seguir (las protestas) no es nuestra parte hacer desórdenes en la calle, pero para que nos escuche el Gobierno es la única manera", dijo Omar Bustos, presidente de la Asociación de Pescadores de Lo Rojas.

En Talcahuano las evaluaciones giraron en torno a las pérdidas que dejó el conflicto, avaluadas en más de 60 millones de pesos, lo que provocó la molestia del municipio.

"Si bien entendemos el planteamiento de fondo que tenían las organizaciones, repudiamos la forma en que ellos lo hicieron", aseguró Carmen Barra, alcaldesa (s) de Talcahuano.

Estas palabras no fueron en el mismo tono por parte del Gobierno que esquivó cualquier crítica dura a los protagonistas de los disturbios, quienes no se responsabilizan del conflicto medular.